Verifactus Interruptus

Ya ha salido el Real Decreto-ley 15/2025 anunciando el aplazamiento de Verifactu. ¿Por qué se ha llegado a la situación de tener que aplazar la entrada en vigor a escasos 30 días para ello?

En mi opinión este cambio está motivado principalmente por motivos políticos, pero sí es cierto que la implantación de Verifactu esta siendo un auténtico caos: con aproximadamente entre un 10-20% de las empresas afectadas ya actualizadas a un modelo de Verifactu, lo que nos deja un 80% de las empresas sin actualizar (son estimaciones, no hay datos oficiales), a 30 días de ser obligatorio (de los que hay que descontar los festivos) y en fechas de alta actividad comercial para todos y proveedores en algunos casos saturados, lo que dificulta las migraciones.

Las razones de cómo se ha llegado a esto, para mí, son muy claras:

• Hacienda NO PERMITE HACER PRUEBAS DE CAMPO A LOS DESARROLLADORES Y CLIENTES SIN RIESGO LEGAL y COMERCIAL. Desde el momento de la actualización o instalación de un nuevo software este debe cumplir todos los requisitos de Verifactu a que esté acogido. Hay un endpoint de pruebas (sin validez legal), pero solo está permitido usarlo a empresas desarrolladoras, no a clientes. Por muchas pruebas que se hagan a un software desde la empresa desarrolladora estas nunca serán completas sin tests finales de clientes, con usuarios reales. Cualquier software de cualquier tipo del mundo hace estas pruebas, y sin ellas cualquier instalación es un riesgo, mucho más en uno con la trascendencia fiscal y legal del que supone Verifactu. Y así es como se han tenido que hacer todas las instalaciones de Verifactu que hay actualmente en España.
• Se ha metido junto con el paquete de Verifactu, un montón de "paja administrativa" que no vale para nada (como la Certificación de Hacienda, el lío de qué es un SIF, los números de instalación, el tener que guardar copia de absolutamente todo lo que se hace, etc.), porque nadie lo va a mirar jamás; que no solo dificulta, complica y aumenta el tiempo de desarrollo, sino que aumenta los riesgos legales de incumplimiento, y sobre todo desvirtúa el objetivo principal: que Hacienda disponga en tiempo real de las facturas emitidas.
• Además, con el punto anterior, se dificulta una labor crítica: que es poder lanzar actualizaciones rápidas si un sistema tiene un error.
• Multas desproporcionadas como medio de "promoción" del sistema, sin graduación clara ni seguridad jurídica de cómo y de qué manera se van a aplicar: no puedes poner lo que te interesa como ley (la sanción) y luego decir de boquilla que "bueno, pero seremos permisivos durante el periodo transitorio…". Eso es una burla.
• Sistema extremadamente complejo de entender en su totalidad, ya que se basa jurídicamente en leyes que no son conocidas a nivel técnico por la mayoría de la gente, como son las leyes de facturación, de IVA y del propio Verifactu y Factura Electrónica, lo que ha generado un multitud de informaciones en medios, incluso técnicos, que han contribuido a generar confusión. Y a ello se debe sumar algunos puntos que siguen sin quedar claros, como el uso de Excell y Word que la conclusión final, es "sí, pero el inspector decidirá…"
• Y los desarrolladores tampoco hemos contribuido a visibilizar todos estos aspectos, ya que "lo negativo o difícil no vende", así que ha primado una comunicación positivista.
• Hay además una idea bastante tóxica que se ha transmitido en repetidas ocasiones por Hacienda en seminarios y FAQs, y es que"si algo falla, es culpa del desarrollador, que debería haberlo previsto, programado y resuelto antes de que ocurriese". Supongo que en este caso, la culpa de lo que pase con el aplazamiento también es culpa del desarrollador, por "no haberlo previsto, programado y resuelto antes de producirse".
• Y todo lo anterior se traduce en una consecuencia muy clara: INSEGURIDAD JURIDICA: cada instalación es distinta de la anterior, y supone un riesgo, para el desarrollador, instalador y el cliente final, y estar rezando para que no pase nada y ser capaz de resolverlo.

Todo lo anterior ha hecho que las propias empresas desarrolladoras de software se retraigan en promover una rápida adopción hasta que las circunstancias y la competencia lo han hecho inevitable, al igual que los clientes, que tampoco quieren correr riesgos, ni legales ni comerciales: que haya errores que hagan parar la facturación (lo de Hacienda de "la facturación no debe parar nunca" es un brindis al sol, una frase vacía de contenido si cuando ocurre un error te enfrentas a sanciones por no resolverlo).

Y por todo esto llegamos a diciembre, con la mayoría de las empresas sin actualizar, con un caos informativo importante y la sensación generalizada de "no se va a llegar a tiempo".

Y tras el aplazamiento se añade más confusión:

• ¿Qué ocurre con las empresas que ya están enviando? No está nada claro cómo deben o pueden actuar.
• ¿Cómo se va a poder convencer a cualquier empresa de actualizar a Verifactu viendo lo que ha pasado este año? La credibilidad está perdida, y lo único que queda es un chantaje: no puedes recibir ningún tipo de actualización, mejora ni cambiarte de sistema si no es entrando en Verifactu desde el minuto 1. ¿De verdad que esta es la manera adecuada de actuar?
• ¿Que va a pasar si el nuevo Real Decreto-Ley no pasa la aprobación del Congreso? En teoría de no aprobarse se derogaría este decreto, quedando con validez las fechas que conocemos hasta ahora, con lo que el caos estaría garantizado. ¿Se usará para tratar de colar alguna enmienda adicional y si no sale culpar a la oposición?

Dado que hasta ahora no se ha modificado nada de lo que nos ha traído hasta aquí, dudo que los resultados cambian. Ya se sabe, lo de esperar resultados diferentes haciendo lo mismo...

O se modifica algo de todo esto o el año que viene estaremos en la misma situación que ahora o peor. Y las empresas desarrolladoras tenemos la obligación moral de exponer estas dificultades para tratar de prevenir que esto vuelva a ocurrir el año que viene.

Gracias por leernos y hasta el siguiente artículo.

 - Eduardo Sánchez